Nuevas medidas en Nicaragua contra la Iglesia Católica

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La última decisión del Gobierno del presidente Daniel Ortega, aplica el régimen fiscal de la economía privada también a las instituciones religiosas, por lo que impondrá impuestos a las limosnas y donaciones a la Iglesia.
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ESNE/Vatican News

 

Tras las detenciones de obispos y sacerdotes, las expulsiones de curas y monjas, la cancelación de mil quinientas ONG, muchas de ellas católicas, y la absorción de sus bienes, ahora llega la imposición de impuestos sobre aquellos ingresos que normalmente permiten a parroquias, escuelas y otras instituciones llevar a cabo importantes iniciativas en los campos educativo, humanitario y religioso: los donativos de los fieles.

 

Las ofrendas, limosnas y donaciones de los fieles estarán, por tanto, sujetas al impuesto sobre la renta entre el 10% y el 30%. Se estima que la eliminación de las exenciones fiscales podría tener graves repercusiones en la capacidad de financiar iniciativas que van acorde a sus carismas y actos de caridad.

 

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha expresado su “profunda preocupación” por el reciente cierre de miles de ONGs entre ellas “al menos 700 religiosas”. Así se recoge en un comunicado del organismo de la ONU, en el que se afirma que la iniciativa del gobierno «atenta de hecho contra la libertad de religión y la libertad de asociación».